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Sobre la pretendida nueva Ley para la Igualdad de Trato y la Educación Diferenciada

A vueltas de nuevo con las prohibiciones y ahora en materia de financiación en la educación a través de un proyecto legislativo completamente innecesario desde el punto de vista jurídico con la sola intención de distraer a la población con temas que ya están legislados desde 1978.

Como ya ha tenido ocasión de comentar algún Profesor de Derecho en la prensa, mis observaciones no son nuevas, porque la cuestión tampoco lo es.

En España, están perfectamente delimitadas y establecidas nada menos que en la Constitución las prohibiciones de las conductas discriminatorias en todos los ámbitos sociales. El problema no es prohibir las conductas discriminatorias que son deleznables deesde cualquier punto de vista.

El problema que tenemos en España, con determinados grupos políticos es que bajo el amparo de políticas progresistas, bajo el amparo de una falsa igualdad social, se pretende la IMPOSICION de una ideología concreta. Es eso, un problema de implantar una ideología concreta a toda una sociedad.

Entrando en el fondo del asunto, hasta la saciedad repetimos que la discriminación en la esfera de la educación está perfectamente definida por normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y la separación de sexos NO LO ES. No se trata peyorativamente a ningún alumno por su sexo. ¿ Hay alguna denuncia de trato vejatorio o desigual por parte de estas instituciones por razón de su sexo? ¿No es cierto que el acceso a estos centros por parte de las familias es completamente voluntario? ¿ No es menos cierto que hay posibilidades de que tanto niños y niñas acudan a estas instituciones?

Como quiera que contra eso no pueden hacer nada, desde hace casi 20 años llevan estos grupos políticos cada vez que acceden al poder intentando cometer un fraude de ley prohibiendo o intentando prohibir por vías secundarias lo que nuestro Estado de derecho y Constitución, establece como pluralismo educativo.

Así, no pueden poner claramente que se prohíbe la educación separada en España por atentar contra la igualdad y ser constitutiva de discriminación. Jurídicamente no pueden hacerlo. Cualquier persona ajena al derecho, sólo por sentido común, podría comprender que un comportamiento que atente contra los derechos fundamentales de las personas referidos a cualquier discriminación, debe ser inmediatamente prohibido, máxime si se realiza por instituciones que prestan un servicio a la sociedad tan importante como la educación. ¿Por qué no lo hacen nuestros gobernantes?, porque tachar a la enseñanza separada de discriminatoria, no se sustenta jurídicamente, es una afirmación demagógica, utilizadas por quienes pretenden imponer un solo sistema educativo y doblegar a las familias para que no puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales, y pedagógicas. (Esto sí que es fascimo y no que los funcionarios en Andalucía se manifiesten contra el Decreto de la función pública como recientemente les ha calificado un dirigente socialista).

Una evidencia de la demagogia ideológica que se practica, es que se permita impartir el modelo pedagógico de educación separada en la enseñanza privada y se estén torpedeando a los centros que reciben financiación pública, con innumerables chapuzas legislativas, estatales y autonómicas, para quitarles la financiación porque cometen discriminación, ¿y los privados no la comenten? Qué incoherencia y qué falta de rigor jurídico. Aclarar que la financiación que reciben los centros, es para las familias no para el titular de los mismos. Las cuentas están ahí y el Tribunal de cuentas tiene competencias en la materia.

La nueva Ley no aporta nada, pues la LOE recoge expresamente para el sector educativo la intolerancia con la discriminación. No era necesario reiterarlo en otra Ley que va más allá de la Ley específica de educación con la referencia a la financiación pública.

Si el motivo para retirar la financiación pública es que esta enseñanza es discriminatoria, no tienen más remedio “ por vergüenza torera” que prohibir este modelo en todo el Estado.

No pueden hacerlo, atentarían contra la Constitución, las directivas internacionales más recientes y otras normativas internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

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