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Legislar en caliente

Legislar en caliente

Cuando ante brutales y terribles crímenes, los sufridos familiares de las víctimas -junto a un considerable número de ciudadanos- solicitan la reforma de las leyes para endurecer las blandengues penas que se les impone a sus autores, nuestros políticos-legisladores siempre argumentan que hay que dejar pasar el tiempo y reposar el tema, porque no conviene tomar en caliente decisiones tan importantes como la reforma de una ley penal. «No es prudente legislar en caliente», es el recurrente argumento que venimos escuchando una y otra vez, hasta el punto de que por mucho que se enfríe el crimen para el que se solicitó la reforma penal, como rápidamente se comete otro de la misma o peor especie, nada se puede hacer: siempre estamos en caliente.

El pasado once de octubre, el Consejo de Ministros anunciaba que incluía en el anteproyecto de ley de reforma del código penal, la penalización de la divulgación de imágenes íntimas sin autorización de sus protagonistas, pero obtenidas lícitamente. Asunto entonces muy caliente, porque traía causa de un episodio sucedido apenas hacía un mes, con la difusión del muy famoso vídeo de una concejala del toledano pueblo de Los Yébenes, que voluntariamente grabó las imágenes de sus encantos más turbadores, para enviárselos a un tercero. Pero por causas y responsabilidades no conocidas a la fecha de redacción del presente artículo, el vídeo tomó cuerpo propio y comenzó a navegar por el ciberespacio llegando a múltiples direcciones no deseadas por la autora protagonista del envío originario.

Jugosos y no necesariamente groseros serían los muy variados aspectos que podrían comentarse de este suceso, donde incluso se llegó a hacer de la necesidad, virtud; pero como todos los que se me ocurren son políticamente incorrectos, ni siquiera me atrevo a bosquejarlos. Me centraré en el aspecto que me interesa desde el principio: la urgencia con que actuó el Gobierno en este caso, y que, pese a lo muy cercano del episodio (recordemos: sólo un mes antes), le faltase tiempo para acometer la penalización de la divulgación, incluyéndola rápidamente en el anteproyecto de ley de reforma, con una velocidad expeditiva. Porque no se trataba de que existiera un vacío legal absoluto respecto a la divulgación de imágenes íntimas, sino que al estar actualmente penalizados sólo los supuestos en que aquéllas se hubiesen obtenido y divulgado contra la voluntad de la persona grabada, no se contempla el supuesto de que fuera ésta quien facilitase sus  imágenes a tercero que luego las difunde sin el consentimiento de aquélla. Que es exactamente lo que parece que sucedió en este concreto caso: que fue la propia concejala quien se grabó el vídeo y originariamente lo divulgó; pero fueron otro u otros (u otra u otras, ¡qué pesadito es esto del género!) quienes se encargaron de difundirlo hasta el infinito y más allá. Como explicaría el ministro de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de lo que se trata es de sancionar la conducta de quien divulga las imágenes, pese a haberlas obtenido de forma lícita.

Pero aun considerando que conviene castigar tal conducta, llama poderosamente la atención la celeridad imperiosa por penalizar un asunto que no estaba precisamente frío. Y es que pudiera parecer que cuando se trata de posibles delitos que afectan a políticos (y políticas, por supuesto) no rige aquel consejo del reposo, ni la inconveniencia de hacer reformas en caliente; sino que cuanto más caliente esté el tema, mejor. Pudiera parecer que la casta política (y no señalo a nadie, me refiero obviamente a la clase política) es mucha casta como para que se la meta en la misma lista de espera «a enfriar», que al resto de ciudadanos (y ciudadanas).

Lo que nos llevaría a concluir algo tan definitivamente tremendo como que, para que se produzca la reforma de algunas leyes respecto a determinados delitos, lo más conveniente sería que tales delitos los padecieran directamente los políticos o sus familiares más cercanos. Porque eso parece mano de santo para obrar la celeridad de las reformas. (Mano de santo, laico, por supuesto; no sea que alguien se moleste).

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