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Sobre la memoria histórica

Con frecuencia ocurre que los pueblos olvidan su historia. Con frecuencia ocurre que los países la olvidan también. Aquellas naciones que tal hacen en ocasiones están condenadas a repetirla. Como cura de ello está la misma historia que enseña a no repetir los errores de la política. Pero los errores en este sentido persisten y el ruido persistente de los cascos del caballo de la historia, lo ha dicho recientemente el profesor García Cárcel, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, es tan monótono que los políticos no hacen otra cosa que taparse los oídos para protegerse del mismo. Bismarck, siendo Canciller, definió el juicio en política como la capacidad de oír antes que nadie el distante ruido de los cascos del caballo de la historia. Mal, muy mal lo pasaríamos los españoles si hubiéramos de repetir la historia, si nos viniera de sopetón, como entonces, otro 18 de julio que dejara cubiertos de muertos y de sangre los campos de España, como dijo en su día Calvo Serer, en un sacrificio joven muchas veces y siempre generoso hasta la muerte. Y esa parece la tónica que persiguen los que pretenden resucitar la “memoria histórica”. Octavio Ruíz Manjón, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, ha escrito una excelente biografía del ex ministro socialista de la II República Fernando de los Ríos, publicada por la Editorial Síntesis, y en ella expresa que la “memoria histórica” , lo ha dicho bien claro, es “abdicar de los logros de la Transición” y ello “ es una calamidad”, y que deslegitimar a parte del país con el control de la memoria “es insidioso”, porque “ los valores de la Transición son muy distintos del modelo rupturista de la República”, y porque la voluntad del pueblo español, esto lo decimos nosotros,representado por sus legítimos representantes, entre 1975, muerte de Franco, y 1978, aprobación de la nueva Constitución, escogió libremente, olvidando el pasado, una firme voluntad de convivencia política. Y, de nuevo, García Cárcel, ha dicho en este mismo sentido que “hoy la memoria histórica no es otra cosa que una mercancía electoral presuntamente rentable”, y algunas citas más de ilustres representantes de la cátedra y de la política se vienen expresando en este mismo sentido. El escritor Pérez Reverte, con su lenguaje sonoro y atrevido, a veces casi delictivo, ha llamado incultos, osados, y “animales de bellota” a quienes se atreven a hablar de “memoria histórica” y se pregunta que en “qué manos hemos caído”. Los nacionalistas catalanes se aprovechan del río revuelto para pedir la “revisión jurídica” de los juicios sumarísimos del franquismo, y en defensa de la ley en el Congreso el también catedrático de Derecho administrativo Diego López Garrido, portavoz del Gobierno socialista, dice que la ley de la memoria histórica no trata de “abrir ninguna herida” sino de “dar a las víctimas lo que se les debe”, y cree que en vez de dividir a los españoles les unirá aún más Me parece esto último un claro sofisrma que nadie con sensatez puede admitir. El Gobierno se viene defendiendo en este sentido que sostiene su portavoz, pero la opinión pública española sabe que se trata de una ley que lo que pretende conseguir es reabrir nuevas heridas, olvidadas de una y otra parte, cicatrizadas por el inexorable paso del tiempo, y se han alzado muchas voces pretendiendo conseguir que la ley muera en la propia Comisión parlamentaria, y ni siquiera nazca a la vida jurídica. Se ha recordado por algunos el “no es eso”, “ no es eso”, de Ortega, ante el profundo desengaño que para él y para otros prohombres políticos supuso la implantación de la II República, que aún cuando en su principio, nadie puede negarlo, supuso “ una explosión inicial de ilusiones”, que, tampoco se puede negar, rápidamente se frustraron “ al no conseguir y articular un proyecto político de amplio consenso democrático”, dejándose llevar primero y arrastrar después por las fuerzas políticas más radicales, proceso que entronca ya con la Guerra civil entre los españoles, cuyas heridas se pretenden abrir por algunos nostálgicos de mala fe, amparados en esta coyuntura, partidarios de un régimen contrario a la Monarquía, del que por desgracia el grupo de IU del Ayuntamiento sevillano, acompañando a lo más radical del nacionalismo catalán se erige en guía, en pro de la implantación de la III República.

Ajeno como soy, he sido siempre y sigo siendo hoy, a la política me decanto por no remover el pasado, pero no dejo de entender por ello que la “memoria histórica” es un sofisma, una entelequia, un invento de los nostálgicos de aquel régimen fracasado dos veces, una maniobra de mala fe de los radicales y de los nacionalismos estériles y trasnochados para conseguir sus metas, aliados con los nostálgicos, esos lobos con piel de corderos, que viven en monárquico y que solapadamente pretenden derrocar al régimen nacido de la Constitución de 1978 para convertirlo en la que sería una nefasta III República; son los que queman banderas y otros símbolos ante la pasividad comprometida y culpable del Gobierno. Los que ya se lanzan abiertamente a pregonar esta conducta son siempre los más lerdos, que no los más atrevidos, los mismos que abuchean a la valiente alcaldesa de Lizarza, en el País vasco, tachándola de fascista y de franquista porque va a oír misa de acuerdo con la fe que profesa, los mismos del bloque gallego del BNG, que hasta ahora, a los casi cien años de la caída de la Dictadura del general Franco, porque han conseguido casualmente una parcela de poder, nos presentan las reivindicaciones que pudieron presentar en tiempo jurídico hábil contra los bienes de su familia, esperando agazapados a que se alcen las voces de algunos de los caínitas y de los nuevos fariseos que nos gobiernan. No alimentemos el odio de los unos contra los otros, porque

La España de charanga y pandereta,

cerrado y sacristía,

devota de Frascuelo y de María,

de espíritu burlón y de alma inquieta,

que dijo Antonio Machado, ya no existe, esa España, como la de los ricos y la de los pobres, la de los católicos y la de los que no lo son, no existe, ya España es plural pero es una, ya no son dos mitades una comiendo a la otra. Lo dijo Larra: “ aquí yace media España, murió de la otra media”. Por esa razón, para que eso nunca más ocurra, ahora todos tenemos el sagrado deber de evitar que otro 18 de julio manche de nuevo de sangre los campos de España, sí de España, no de este país, como ahora se dice, de nuestra patria, sí de nuestra patria, dicho con altanería y con orgullo. La historia está ahí, dejémosla estar y no invoquemos su memoria, porque la historia no tiene memoria, es solo eso, la historia, y la manoseada “memoria histórica”no es más que un cuento o un consejo de viejas hablando al amor de la lumbre. Y los nacionalismos no son sino el vano oropel del patriotismo; ya se lo dijo muy claro a los catalanes en su propia tierra, en muy buen castellano, un gallego socarrón cuando viajó al Pirineo de Lérida: El patriotismo “es la noble actitud que lleva al hombre a amar el lugar en que nació, mientras que el nacionalismo arrastra al hombre a suponer que el lugar en que nació es el mejor del mundo”. Cela, de quien es la cita, gallego universal, se proclama patriota y no nacionalista, como corresponde a su proclamada españolía.

Los de la “memoria histórica” debían leer lo que ya proclamó en los siglos aúreos el genio satírico de Quevedo:

… No revuelvas los huesos sepultados;

que hallarás más gusanos que blasones…..

La Transición se hizo para arreglarlo todo, cada uno cedió de su parcela, todo quedó atado y bien atado, no vengamos ahora de nuevo con “aquellos lodos”, quedaron bien enterrados, dejémosles estar y miremos al futuro, arreglemos el presente, olvidemos aquellos versos terribles de Miguel Hernández, en Viento del pueblo, que el poeta sufrió en su desgraciada vida en aquella España, no en la de hoy, que ya es la nuestra:

España no es España, que es una inmensa fosa, que es un gran cementerio rojo y bombardeado:los bárbaros la quieren de este modo.

Que no se repita aquel 18 de julio trágico, porque los españoles no supieron dialogar. Que imperen hoy las hermosas palabras de Blas de Otero en Pido la paz y la palabra:

Madre y maestra mía, triste, espaciosa España, he aquí a tu hijo. Úngenos, madre. Haz habitable tu ámbito. Respirable tu extraña paz. Para el hombre. Paz. Para el aire. Madre, Paz.

Tras estas pacíficas reflexiones, sin el menor asomo ni talante político, quiero aportaros un texto que existe en el Archivo histórico de nuestro Colegio en una carpeta de documentos sin ninguna mención especial y conservado en unión de otros documentos referidos a diferentes materias y resoluciones de las Juntas de Gobierno, que me parece que tiene que ver mucho con la tan cacareada “memoria histórica”, y que es explicativo de la opinión que merecía a la Junta de Gobierno del Colegio la situación social en Andalucía en aquel momento, cuando la II República llevaba ya proclamada casi un año y medio. El documento responde a una comunicación del Gobernador Civil de Sevilla1, autoridad que lo pide al Colegio, y es de fecha 6 de julio de 1932, y del siguiente tenor literal:

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.Secretaría.- Firmemente convencido que el problema de Sevilla en sus múltiples aspectos es en el fondo un problema económico, preciso el auxilio de todos para intentar soluciones verdaderas y estables en cuanto a este aspecto se refiere.- Para ello acudo al elemento oficial, a las Sociedades, a todo lo que represente trabajo, agricultura, comercio e industria, esperando que cada uno en el orden que le interesa y conoce eleve a este Gobierno, con toda urgencia, una memoria concisa, detallada, breve en concepto pero rica en datos y estadísticas, sobre las causas de la crisis en general y paro obrero en particular, soluciones prácticas para remediarlo, tanto en cultivos como en ganadería, obras públicas, industria, comercio, navegación, etc.. en todos los sectores, en suma, de la vida de esta Ciudad y provincia.- Espero del buen deseo de todos que lo antes posible me auxilien, con sus conocimientos e ideas para yo poder formar cabal juicio del problema y elevar al Gobierno de la República aquellas conclusiones que repute justas y eficaces. Salud y República. Sevilla 6 de Julio de 1932. El Gobernador Civil. Firma ilegible rubricada. Está el sello en tinta azul del Gobierno de la Provincia de Sevilla. Al pie: Sr. Presidente Ilustre Colegio Abogados.—

El Colegio por mediación del Decano y con la aprobación de su Junta de Gobierno2 , contestó al requerimiento que se le hacía en el mismo mes de julio, contestación que se produjo en los términos siguientes, que por su extensión sintetizo:

“Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esta Ciudad, contestando al requerimiento que le ha hecho V.E. en unión de otras entidades, en orden a manifestar las soluciones que estime pertinentes para resolver el problema que Sevilla ofrece en sus distintos aspectos, pero muy especialmente en el económico, tiene el honor de exponer las siguientes consideraciones.

Empieza esta Junta por hacer presente a V.E. que dedicados cuantos la integran al ejercicio de la Abogacía, han de limitarse a expresarle aquellos aspectos que en la práctica de nuestra profesión nos ha ofrecido como una realidad, que constantemente ha sido motivo de nuestros consejos. Así presentadas las cosas, más que una opinión de la Junta podrá examinar fielmente el pensar de un extensísimo sector social, y podrá enjuiciar ante esos hechos, que tantas veces se han sometido a nuestra meditación, y que hoy nosotros presentamos a la de V.E.

El problema de Sevilla ha sido hasta ahora un problema de autoridad. Mientras los directores de los diferentes movimientos sufridos desde abril de 1931, en toda la provincia, incluyendo en ellos a muchas autoridades y no pocos Ayuntamientos, no solo no han sufrido castigo en sus desmanes, sino que han gozado y disfrutado del amparo y protección de las autoridades superiores, la intranquilidad en todas partes y en toda clase de personas, ha constituido la nota dominante; y pueblo que vive en el desasosiego y en la intranquilidad es pueblo que va a la ruina, porque ninguna iniciativa encuentra desarrollo: ningún negocio vida, ni valor por consiguiente ninguna fuente de riqueza, que si no las explota el hombre, en un vivir tranquilo y ordenado, pronto dejan de existir.

Esta intranquilidad estaba perfectamente justificada, bastando recordar que los medios que se adoptaban, procedían en la mayoría de los casos del anónimo, que a tanto equivalía decir que los mandaba el Centro, lugar de irresponsabilidad absoluta, pero de mando supremo. Se exigían jornales, se distribuía gente, se acordaban labores, se perturbaba en todos los ordenes y todo prosperaba.

Ante estas continuas y exageradas pretensiones las reservas del propietario, del comerciante, del industrial, se vieron mermadas rápidamente, teniendo que atender sin atenuaciones ni excusas de ninguna clase a lo que se le pedía en sostenimiento de parados, en laboreos, en mayores sueldos, en una palabra, en cuanto le representaba un crecido gasto, sin encontrar compensación ninguna en los ingresos, porque ante tantas dificultades, ante la exigencia desconsiderada, ante la amenaza en muchos sitios, y el atentado y la muerte en otros, la gente huía en ocuparse de cuanto significara trato con dependencia, el extranjero no pasaba la frontera, y así vimos depreciarse todo, sin que hasta el presente haya podido recuperar su valor nada.

No vale la propiedad rústica, amenazada constantemente, y hoy mas que nunca porque se desconoce el alcance que en su día podrá tener la reforma que se discute en las Cortes: no vale la propiedad urbana que ha retrocedido su producción al año 14, aunque en materia de tributos vive la vida del año 1932: no valen productos de ninguna clase, ni se realizan transacciones porque el país vive en la más completa desconfianza: un puerto como el de nuestra Ciudad insuficiente en otras épocas para contener mercancías, que llegaban y salían, permanece solitario y desocupado; y en esta situación, con altísimos jornales, y con un débil empleo del tiempo, la situación económica ha descendido hasta el lamentable nivel que todos podemos apreciar.

Estas dificultades principalmente están mantenidas por las siguientes causas:

A) En el orden de la propiedad rústica por el decreto sobre laboreo de fincas; por el que concedió la revisión de los contratos a los efectos de reducción de rentas, en los de arrendamientos: por las medidas adoptadas por los Alcaldes para el reparto de obreros; y por la limitación para utilizar los servicios del personal de otras poblaciones aun con la amplitud de constituir circunscripción toda la provincia La práctica de estas disposiciones no obstante las modificaciones que han sufrido, hemos podido apreciar que han llevado la perturbación a nuestros campos, en tal grado y con daño tanto de la riqueza pública, que será muy difícil que en mucho tiempo vuelva a ser lo que hasta ahora ha sido. El campo, por consecuencia de todas estas medidas, sufre una depreciación total que en muchos sitios no tiene valor de ninguna clase.

Las fincas salvo un caso de locura no dejan de labrarse por gusto, se dejan de labrar por falta de dinero; en cambio es esta un arma poderosa para saciar la pasión hasta lo inconcebible, sin que basten las limitaciones que con buena intención revelan el Decreto de 28 de enero de 1932, y el acuerdo de 10 de febrero de este año. El hecho de incoar un expediente es un verdadero castigo.

La revisión ha reducido en muchas ocasiones a nada el producto de las fincas, sin beneficio para nadie, ha sembrado diferencias profundas entre propietario y arrendatario y ha colocado a este en la obligación de creer no debía cumplir sus obligaciones, porque el propietario dejaría de ser tal de un momento a otro. Tan deplorable estado de los ánimos mantenido por una ignorancia crasa, y una predicación toda engaño, sigue en muchos viva, porque si bien este año no se toleran reducciones, en cambio se explota el alcance que tendrá la reforma agraria que se discute en las Cortes.

El reparto de obreros, que es de tan rancio abolengo en todos los pueblos, y que siempre solucionó sosegada y pacíficamente las crisis anuales, cuando no había los odios que hoy se complacen muchos en sembrar, debe desaparecer en absoluto, incluso aumentando la contribución o estableciendo arbitrios, a fin de que lo que produzcan sirva para atender esta necesidad. Siempre será menos perturbador este sistema que el reparto del personal llevado a cabo según el capricho del Alcalde. Reconocido el principio para pactar patrono y obrero, sin tener en cuenta la vecindad de este, desaparecen determinadas exigencias, provocadas, no por el obrero trabajador, inteligente y de buena voluntad, que está siempre ocupado, en circunstancias normales, sino por los que convertidos en directores de movimientos, o carentes de buenas condiciones, son obreros que no se ocupan sino en caso de revueltas. Al mismo tiempo y ante el temor del abuso por parte de algunos patronos, es indispensable la fijación de un jornal mínimo que el obrero sepa puede exigir, pero señalado por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en reunión de los técnicos que escoja para su asesoramiento y de patronos y obreros, pero obreros de verdad, conocidos por sus años de trabajo y competencia en cada localidad, y con exclusión absoluta y completa de los profesionales de la revuelta, que no son trabajadores.

B) En el orden de la propiedad urbana, porque desde el momento que el Decreto de 29 de Diciembre de 1931 ha permitido la revisión de rentas a lo que importaban las del año 1914, sin tener en cuenta el aumento de las contribuciones, ni el enorme de los jornales y materiales, que hace que el mas ligero reparo merme las rentas de varios meses, ha producido tal depreciación en el valor de las casas, que es un hecho al alcance de todos.

Inútil o muy tardío ha sido el efecto del Decreto último que exige se tenga en cuenta determinados requisitos de contribución, reparos, interés del dinero etc, porque a parte de que ya era crecidísimo el número de los que estaban rebajados, el hecho solo de tener que mantener la discusión ante los Tribunales deprecia la propiedad.

Si a estas consideraciones se agrega el recuerdo de la escandalosa conducta observada en muchos casos, que no han tenido castigo, de volver a colocar los muebles en las casas desahuciadas, y la negativa de la autoridad municipal, para facilitar como se hizo siempre, un local donde almacenar el mobiliario que en ejecución de sentencia de desahucio hay a veces que sacar de la vivienda, se comprenderá fácilmente los motivos que existen para la pérdida de valor de la propiedad urbana.

Esta riqueza como la rústica la hubiera perturbado mucho menos el Poder Público fijando un tanto por ciento en cuya cantidad se hubieran reducido todas las rentas, que permitiendo lo que ha permitido. Claro que la justicia exige que si se bajan las rentas se bajen los tributos.

C) En el orden del Comercio y la Industria muerta la riqueza agrícola, base en esta región de todo bienestar, y de la prosperidad de aquellos, es inútil buscar remedio.

Pero esto aparte, no quiere la Junta dejar de consignar aquí, por si el Sr. Gobernador con su recta voluntad, quiere personalmente informarse con más detalles, los dañosos efectos que para el Comercio y la Industria están produciendo muchos fallos de los Jurados Mixtos. Difícil misión fue siempre la de juzgar y por eso nuestra ley de Partidas exigía al Juzgador muchas condiciones.Que sean leales e de buena fama e sin mala cobdicia. E que hayan sabiduría para juzgar los pleitos derechamente, por su saber o por uso de luengo tiempo. E que sean mansos e de buena palabra e sobre todo que teman a Dios.

Claro está que aun presidiendo la mayor voluntad en la designación es difícil concurran tan excelsas cualidades en muchas de las personas que integran estos tribunales, formados forzosamente por quienes están consagrados a actividades tan distintas, y en las que suele el espíritu formarse para resolver con serena ecuanimidad la actuación de los demas. Por eso muchas de sus resoluciones son objeto de las mayores censuras. El remedio no está mas que en volver a conseguir que el País recobre la confianza para operar en los infinitos negocios en que se emplea la actividad humana, y la confianza no se recobra si la autoridad, en todas las regiones y en todas partes, no vuelve a proteger a quienes emplean su tiempo y su dinero, buscando, sí, su lucro, pero contribuyendo a engrandecer su patria, contra el que exita al abuso, al desorden, a la inactividad, en el trabajo, y a la predicación loca de conclusión y exterminio de lo actual, para sobre ello edificar no sabemos que clase de nueva sociedad.

Esa confianza exige que desaparezca el imperio de la voluntad de unos hombres, que careciendo de responsabilidad material y moral, no saben apreciar a cuanto ellos obligan, para que renazca el espíritu de mantenimiento del orden, respeto a las personas y propiedades, subordinación a las leyes justas, y castigo inmediato de cuantos de este camino se aparten.

Recobrandose esa publica tranquilidad volverá el interés y la necesidad a poner en movimiento la máquina de los negocios, y sus beneficios alcanzarán al potentado y al humilde trabajador, y se disminuirá en parte la angustiosa situación que sufrimos. Si esa pública tranquilidad no se logra hacer que renazca, cada vez será más dolorosa la situación de esta Provincia y las demas. No creemos en el remedio de una fórmula particularista, es preciso que el país sienta la sensación de un gobierno amparador de todo lo que sea orden y justicia.

Si volviera a imponerse el personal de Centros, y las huelgas sistemáticas a anunciarse, el País acabaría de hundirse sin que bastasen las excelentes voluntades aisladas.

La deducción de estas consideraciones es tan clara, que no necesitamos molestar mas a V.E. Sevilla y Julio de 1932. El Decano.

Hasta aquí el texto de la contestación del Colegio al Gobernador Civil de la Provincia. Me he permitido subrayar en letra negrilla los párrafos más importantes a mi juicio del texto colegial y he respetado la grafía y la ortografía del mismo, incluso la acentuación, a veces no conforme con ella.

Por todo cuanto antecede se puede formar una idea bastante clara de la situación de España casi al comienzo de la implantación de la II República, apenas algo más de un año de su nacimiento, y también hacer que nos sirva este texto como modelo para aquellos malintencionados que quieren valerse del mito de la “memoria histórica”. La historia es la que prevalece, y esto que relatamos es historia, pura historia de España.

NOTAS

1. Ostentaba el cargo desde el día 3 de junio de 1932 y siguió en el desempeño del mismo hasta 16 de agosto siguiente Don Eduardo Valera Valverde. Fue el quinto de los dieciseis Gobernadores Civiles que desempeñaron el cargo durante el periodo de la II República, desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936. Así lo recoge Nicolás Salas en su libro Sevilla fue la clave. tomo I. p. 146. Editorial Castillejo S.A. Sevilla 1992.

2. José Santos Torres. Apuntes para la Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. p. 294-95. Editorial Castillejo. Sevilla 1994. Ocupaba el Decanato desde 5 de junio de 1932 don José María López-Cepero y Muru, que lo desempeñó hasta el siguiente 7 de junio de 1936. Formaban con él la Junta de Gobierno don Manuel Pavía y Pereyra (diputado 1o), don Victoriano Valpuesta y Aparicio (diputado 2o), don Hermenegildo Gutiérrez de Rueda y García (diputado 3a), don Ángel Camacho y Baños (diputado 4o), don Luis Montoto y González de la Hoyuela, como Tesorero y don Joaquín González Santos, como Secretario. El Colegio en Junta de Gobierno de 2 de mayo de 1944 nombró, con motivo de las Bodas de oro del Colegio, Decano honorario perpetuo a don José María López-Cepero y Muru.

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